La Prohibición de las consultas automatizadas en la Rama Judicial ¿Freno a la Transparencia?
Sobre la prohibición de las consultas automatizadas de información judicial se han convertido en una herramienta esencial para las compañías para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. En Colombia, sin embargo, esta herramienta recientemente ha sido prohibida por la SIC. Ahora, cientos de empresas han firmado una carta dirigida a la Rama Judicial para que pueda reconsiderar su posición, debido a su importancia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
¿Quién es Dataset Technologies?
Dataset Technologies S.A.S es una empresa que desarrolló un motor de búsqueda en su portal, el cual permitía a las empresas consultar información judicial de acceso público sin almacenar datos en sus propios servidores.
Cada vez que un usuario realizaba una consulta, el sistema buscaba directamente en las fuentes de acceso público de la Rama Judicial. Estos softwares de consulta permiten a las empresas realizar verificaciones rápidas y precisas sobre los antecedentes judiciales de sus clientes y socios, un proceso que de hacerse manualmente resultaría costoso y extremadamente ineficiente.
La sanción de la SIC:
Dataset Technologies S.A.S fue sancionada por la SIC por utilizar ‘crawlers’ informáticos para acceder a información de procesos judiciales sin la debida autorización. La SIC argumentó que esta práctica violaba el Régimen General de Protección de Datos Personales, ya que involucraba la recolección y almacenamiento de datos sensibles sin el consentimiento adecuado. La sanción incluyó la prohibición de seguir usando estas tecnologías y la orden de eliminar todos los datos personales obtenidos sin autorización, la cual podía no ser veraz.
MS LEGAL, en representación de Dataset Technologies S.A.S, argumentó varios puntos clave en respuesta a la sanción impuesta por la SIC.
En primer lugar, destacamos que Dataset no almacenaba los resultados de las búsquedas en bases de datos propias. En su lugar, cada vez que un usuario realizaba una consulta, el portal realizaba la búsqueda directamente en las fuentes en línea mencionadas, sin necesidad de almacenar los datos en sus propios servidores.
Asimismo, argumentamos que los datos publicados en su portal eran datos básicos de los procesos judiciales disponibles para consulta pública, según lo proporcionado por la Rama Judicial. Por lo que, se cuestionó la postura de la SIC sobre la necesidad de autorización para el tratamiento de estos datos, considerando que la información ya era de acceso público
Por último, subrayamos el principio de buena fe y seguridad jurídica, argumentando que, al recibir información de una página del estado, cualquier persona, natural o jurídica, debía partir de la buena fe en las actuaciones y de la capacidad del organismo estatal para entregar la información de forma veraz y actualizada. Junto con Dataset se sostuvo que cuestionar esta capacidad implicaría que los datos administrados harían dudar de toda información proporcionada por la Rama Judicial.
¿Qué dijo la SIC?
A pesar de estos argumentos, la SIC impuso una sanción a Dataset Technologies S.A.S, prohibiendo el uso de ‘crawlers’ informáticos y ordenando la eliminación de todos los datos personales obtenidos sin la autorización adecuada.
En la resolución No. 58834 de 2023, la SIC afirmó: “Los responsables y Encargados del Tratamiento que extraen, por mecanismos automatizados y/o análogos, información personal, están obligados a garantizar los postulados del Régimen General de Protección de Datos Personales”.
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/boletin-juridico/18-153189.pdf
La petición a la Rama Judicial:
Recientemente, frente a esta decisión, numerosos ejecutivos recogieron varios de nuestros argumentos para enviar una carta colectiva a la Rama Judicial, solicitando que se permita nuevamente el uso de consultas automatizadas.
La indicada petición, destaca que la prohibición actual impone una carga significativa en términos de costos y eficiencia, debido a que el volumen de consultas necesario para cumplir con las normativas antilavado es demasiado grande para ser manejado manualmente, lo que aumenta los costos operativos y el riesgo de no cumplir con las obligaciones legales.
Como se menciona en la petición, “si una empresa quiere conocer el estado judicial de sus 10.000 clientes para evitar relacionarse con presuntos delincuentes, tendrá que hacer 10.000 consultas a mano, una por una, gastando miles de horas de trabajo de sus funcionarios a un altísimo costo”.
https://www.change.org/p/pedimos-a-rama-judicial-que-permita-las-consultas-automatizadas-de-procesos
Este caso y la petición pública a la Rama Judicial ponen de manifiesto la necesidad de modernizar y flexibilizar las regulaciones sobre el acceso a la información judicial en Colombia, para permitir el uso controlado y seguro de las consultas automatizadas en la prevención y lucha contra el crimen y la transparencia en la información.
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